En la Ciudad de México, las multas de tránsito están reguladas por el Reglamento de Tránsito y otras disposiciones locales. Aunque muchas personas asumen que cualquier policía puede infraccionar, la realidad es que solo ciertos servidores públicos tienen la facultad legal para levantar una, y fuera de esos casos, la sanción puede ser inválida.
Los Agentes de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) son los principales funcionarios facultados para imponer multas de tránsito. Estos elementos están debidamente identificados, portan uniforme específico, número de placa visible y utilizan dispositivos electrónicos para levantar infracciones de forma digital.
Dichos elementos pueden sancionar conductas como exceso de velocidad, no respetar semáforos, uso del celular al conducir, no portar cinturón de seguridad o estacionarse en lugares prohibidos, entre otras faltas contempladas en el reglamento.
Por otro lado, los policías preventivos o auxiliares no pueden levantar multas de tránsito de manera general. Su función principal es la seguridad pública, no la regulación vial. Sin embargo, sí pueden intervenir en casos específicos, como:
- Cuando existe una situación de flagrancia
- Si el conductor está involucrado en un hecho delictivo o un accidente
- En operativos especiales debidamente autorizados
En estos casos, el policía puede retener el vehículo o solicitar apoyo de un agente de tránsito, pero no imponer la multa directamente, salvo que la normativa lo permita de forma expresa.
Multas que no son proporcionadas por policías
Otro actor autorizado para imponer sanciones son los sistemas automatizados de detección, como las fotocívicas. Estas cámaras detectan infracciones específicas (exceso de velocidad, invasión de carriles confinados, etc.) y generan sanciones administrativas que se notifican al propietario del auto, sin intervención directa de un agente.
