La deducción fiscal de un auto es una herramienta utilizada por personas físicas con actividad empresarial, profesionales independientes y empresas para disminuir su carga tributaria. Sin embargo, aunque puede representar un beneficio contable, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede rechazarla si no se cumplen ciertos requisitos formales y fiscales.
Uno de los motivos principales por los que el SAT rechaza la deducción es no contar con una factura válida emitida conforme a los requisitos de un CFDI versión vigente, que incluya correctamente el uso de CFDI (G03 o I03, según el caso), método y forma de pago, RFC correcto y descripción fiscal del auto. Si la factura tiene errores, fue emitida con un RFC diferente al del contribuyente o proviene de un emisor con irregularidades, la deducción no será aceptada.
Otro factor recurrente es no poder comprobar el utilizado para la compra. Cuando el pago supera montos importantes y no existe documentación del flujo financiero, como transferencias bancarias, créditos, contratos o estados de cuenta; el SAT puede determinar que existe discrepancia fiscal y rechazar la deducción por considerarla no justificada.
Además, la deducción puede invalidarse si el pago se realizó en efectivo, ya que la ley establece que compras superiores a dos mil pesos deben pagarse por medios electrónicos para ser deducibles. En el caso de autos, el pago debe realizarse por transferencia, tarjeta bancaria o cheque nominativo. Si se usó efectivo, la operación no podrá deducirse.
Considera la cantidad que se permite deducir
También es motivo de rechazo deducir un monto superior al permitido por la Ley del ISR, la cual establece que el límite para deducir autos es de 175 mil pesos en compras tradicionales o 250 mil pesos en vehículos híbridos o eléctricos, sin importar el valor real del coche. Intentar deducir más de lo permitido puede resultar en la negación total de la deducción o en ajustes fiscales.
Finalmente, el SAT puede rechazar la deducción si el vehículo no está relacionado con la actividad económica del contribuyente, o si no se acredita su uso empresarial, por ejemplo, mediante bitácoras de uso, comprobantes de gastos operativos y evidencia contable.
