Negarse a soplar en el alcoholímetro es una situación que genera dudas entre los conductores, especialmente durante operativos de control vial. Aunque algunas personas creen que rechazar la prueba puede evitar sanciones, en la práctica esta decisión suele tener consecuencias legales y administrativas, que varían según la entidad federativa, pero que en muchos casos son incluso más severas que dar positivo.
En México, los operativos de alcoholimetría están respaldados por los reglamentos de tránsito estatales y por programas de seguridad vial. Cuando un agente solicita al conductor realizar la prueba, esta petición se considera parte de una revisión preventiva y legal. Si el conductor se niega sin una causa justificada, la autoridad puede interpretar la negativa como una falta administrativa grave.
La negativa a soplar el alcoholímetro en la Ciudad de México no evita la sanción. Por el contrario, el reglamento establece que el conductor puede ser remitido directamente al Juzgado Cívico, donde se determinarán las sanciones correspondientes. Estas pueden incluir arresto administrativo, multas económicas y el envío del vehículo al corralón, aun cuando no se haya confirmado el nivel de alcohol en el organismo.
Además, en muchos estados la negativa se equipara legalmente a haber rebasado el límite permitido de alcohol. Esto se debe a que las autoridades consideran que el conductor está obstaculizando una medida de seguridad pública. En estos casos, el oficial puede levantar la infracción con base en la negativa y no en un resultado de prueba.
Derechos que tienen los ciudadanos con respecto al alcoholímetro
Otro punto relevante es que, al negarse a soplar, el conductor puede perder la oportunidad de acceder a beneficios o atenuantes, como programas de conductor designado o sanciones reducidas que aplican únicamente cuando se realiza la prueba. También se pierde la posibilidad de demostrar que se está por debajo del límite permitido.
Cabe destacar que el conductor sí tiene derechos durante el operativo. Puede solicitar que la prueba se realice conforme al protocolo, en un dispositivo calibrado y, en caso de inconformidad, pedir una segunda medición o una prueba de alcoholemia en instalaciones oficiales, dependiendo de la legislación local. Sin embargo, la negativa total suele jugar en contra del automovilista.
Desde el punto de vista legal, negarse al alcoholímetro puede generar antecedentes administrativos que compliquen trámites posteriores, como la recuperación del vehículo o la impugnación de la sanción. En algunos casos, incluso puede afectar la renovación de la licencia de conducir.
